Lembit Opik inauguró la sesión y definió el propósito de la conciliación.
En la reunión se revisaron los avances y el trabajo de conciliación de la Ley Antártida (AAA) tras las importantes diferencias entre la versión del comité de marzo/abril y la versión distribuida el 1 de mayo de 2026. John Fine presentó indicadores cuantitativos de cambio y explicó el borrador concebido para preservar los objetivos de los participantes y abordar las cuestiones legales, procesales y diplomáticas.
John informó que la versión del 1 de mayo presentaba cambios significativos con respecto al borrador del comité (62 % de cambios textuales, un 67 % de cambios estructurales, un 80 % de cambios de intención, un 41 % de contenido nuevo, un 36 % de contenido eliminado y un 69 % de desviación general). Los comités solicitaron la retirada del procedimiento en espera de la conciliación y establecieron hitos, incluyendo la revisión del Ministerio de Justicia, la revisión del cumplimiento constitucional, la revisión de la Ley de Asuntos Exteriores y una evaluación del derecho internacional. John indicó que el borrador conciliado conserva la mayor parte de la redacción de la versión de mayo (73 %), al tiempo que reestructura secciones específicas para mayor claridad y cumplimiento.
El borrador consensuado reformula el preámbulo y los principios fundamentales para reconocer el derecho internacional aplicable, reemplaza el lenguaje que afirma la soberanía por el de “intereses territoriales”, elimina una referencia cruzada errónea a la Ley Judicial, aclara el alcance (artículo 2 más amplio) y refuerza las disposiciones sobre los registros indicativos de propiedad digital. Estos no constituyen títulos legales ni instrumentos de inversión en ausencia de reconocimiento territorial legal. Las autoridades legales consultadas incluyen la Constitución de Asgardia, las Leyes de Asuntos Exteriores y Judicial, el Tratado Antártico de 1959, los principios de derecho internacional público de Brownlie y las publicaciones de la Secretaría; las revisiones se remontan a dichas fuentes.
El debate se centró en el riesgo jurídico y diplomático. Mark Beer, Ministro de Justicia, advirtió que las reivindicaciones territoriales declaradas o la instrumentalización del territorio antártico socavarían la credibilidad internacional, ya que la soberanía se rige por el Tratado Antártico y las reivindicaciones existentes están, en la práctica, congeladas. El grupo coincidió en que las reivindicaciones territoriales formales son impracticables en virtud del Tratado y analizó dos vías prácticas: instrumentos jurídicos diplomáticos para defender intereses y el establecimiento de una presencia jurisdiccional funcional como vía para un posterior reconocimiento. El texto conciliado se describió como una forma de preservar tanto las opciones diplomáticas como las funcionales, evitando al mismo tiempo afirmaciones explícitas e ilegales de soberanía.
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